Los directivos de Paramérica S.A. y el Grupo Ruiz, la empresa tucumana de insumos y tecnología agrícola, han rechazado categóricamente los señalamientos de supuestos sobreprecios en sus transacciones con la estatal venezolana Pdvsa Agrícola. Los hermanos Carlos, Diego y Marcelo Ruiz Juárez defendieron la legalidad y la eficiencia económica de su operación, argumentando que su intervención resultó, de hecho, más beneficiosa para el gobierno de Venezuela que la contratación directa de los fabricantes.
La controversia surgió a raíz de una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) de Argentina, que sugirió sobrecostos de hasta 91.5% en algunas facturas de repuestos e implementos agrícolas. Sin embargo, los propietarios de Paramérica S.A. reiteraron que no comparten ni la metodología ni las conclusiones emitidas por el organismo de control.
El argumento central de la empresa tucumana se basa en su rol como gestor eficiente de adquisiciones. Paramérica S.A. actuó como un intermediario tecnológico y comercial esencial entre el gobierno de Venezuela y los industriales argentinos que manufacturaron la maquinaria y los insumos.
Carlos Ruiz Juárez, presidente de la firma, fue enfático al afirmar que los precios que manejó Paramérica S.A. «eran inferiores a las ofertas que hicieron los fabricantes argentinos». Marcelo Ruiz Juárez respaldó esta declaración, explicando que la decisión de Pdvsa Agrícola de operar a través de la empresa tucumana se debió a que, después de un exhaustivo proceso de cotización, los precios de Paramérica S.A. «resultaban mejores» que los ofrecidos por las propias fábricas de tractores, cosechadoras y herramientas. Esta situación, según los empresarios, desestima cualquier alegación de sobreprecio, posicionándolos como un socio estratégico que optimizó los costos para la parte venezolana.
Un proyecto de asistencia tecnológica integral
El acuerdo entre Paramérica S.A. y Pdvsa Agrícola fue mucho más allá de la simple provisión de bienes; fue un convenio de asistencia tecnológica integral y suministro enfocado en la transferencia de conocimiento para el desarrollo agrícola venezolano.
Carlos Ruiz Juárez detalló que el proyecto tenía como objetivo estratégico el desarrollo de 80.000 hectáreas de caraotas (poroto) en Venezuela. La empresa tucumana vendió el «know-how» o conocimiento técnico necesario para replicar una producción eficiente que ya se aplicaba con éxito en Argentina.
Para llevar a cabo esta ambiciosa meta de desarrollo, Paramérica S.A. desplazó a 120 especialistas tucumanos, cuyo equipo incluyó desde ingenieros agrónomos hasta tractoristas altamente capacitados. Estos expertos trabajaron directamente con productores venezolanos en un riguroso programa de asistencia y formación tecnológica en el campo.
Marcelo Ruiz Juárez subrayó la finalidad social y estratégica del proyecto: ayudar a Venezuela a generar sus propias fuentes de alimentos y reducir drásticamente su dependencia de las importaciones. El programa tenía una visión a largo plazo, buscando que el país se autoabasteciera en un lapso de 10 a 15 años. De esta manera, el suministro de repuestos, máquinas y semillas fue solo un componente necesario dentro de una iniciativa que fue definida primariamente como de capacitación y desarrollo.
Legalidad validada por la AFIP
Para contrarrestar las conclusiones de la Sigen, los directivos de Paramérica S.A. ofrecieron un dato crucial que valida la transparencia de sus operaciones. El proyecto, que abarcó casi una década (extendiéndose desde el período final del gobierno de Hugo Chávez hasta los inicios de Nicolás Maduro), fue sometido a una investigación exhaustiva por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina.
Carlos Ruiz Juárez indicó que, a pesar de estar bajo una «fiscalización permanente» por parte del organismo fiscal argentino, la AFIP «jamás encontró nada irregular» en el proyecto. El abogado de la compañía, Eduardo Rothe, concluyó que la ausencia de hallazgos se debe simplemente a que «no hay nada que encontrar», reforzando la legalidad y el estricto cumplimiento regulatorio de la compañía tucumana.
El acuerdo con Pdvsa Agrícola concluyó después de casi diez años. Lejos de terminarse por problemas financieros o incumplimientos, los dueños de Paramérica S.A. aseguraron que la finalización se debió a que el gobierno venezolano «entendió que podían seguir solos», un hecho que, según la empresa, certifica el éxito en la transferencia de conocimiento y la consecución del objetivo inicial del convenio.
Paramérica S.A., con sede en la autopista de la Ruta Nacional 38, reafirma su posición de eficiencia y transparencia en su rol como intermediario y proveedor tecnológico clave, rechazando firmemente los informes que buscan poner en duda la justificación económica de su contrato con el Estado venezolano.
Miguel Dos Santos
Como periodista, me encuentro en la intersección de la información, la innovación y la inspiración. Escribo sobre tendencias emergentes, tecnología de vanguardia, biografías fascinantes y Mindfulness. Pero mi verdadera pasión radica en las transformaciones digitales y cómo están redefiniendo nuestro mundo.
